Especialistas en bulos para Canal Sur

El Partido Popular pedirá en el Parlamento andaluz al Gobierno autonómico su opinión sobre las preguntas de la prueba teórica en la oposición a redactor de Canal Sur, celebrada el fin de semana pasado. En una de ellas, se pedía a los futuros periodistas de la cadena que dieran el nombre de la ministra francesa a quien se relacionó con el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Aunque Aznar salió al paso del rumor extendido desde un periódico marroquí para desmentir que él fuera el padre del niño que esperaba la titular francesa de Justicia, Rachida Dati, los examinadores creyeron que este asunto era tan de actualidad para el desempeño profesional como el del nombre del subdelegado del Gobierno en Cádiz, la multa impuesta al juez Tirado en el caso Mari Luz o el número de vuelo de Spanair que se estrelló en Barajas este verano.

El portavoz del PP en la comisión de RTVA, José Luis Rodríguez, califica de "bochornosas" algunas preguntas, y "un insulto que en una prueba en la que muchos de los asistentes se juegan su futuro se planteen cuestiones de esta índole" sin "interés informativo".

Canal Sur no convocaba un concurso-oposición libre desde 1994.

Por otra parte, el diputado del PP en el Parlamento balear, Antoni Serra, ha acusado a Unión Mallorquina (UM) el tratamiento informativo realizado sobre la situación procesal del ex portavoz en el Parlamento Bartomeu Vicens, que la semana pasada quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros en el marco del caso Son Oms, al referirse a contactos entre la dirección del Ente y Vicens previos al dictamen de medidas cautelares sobre el imputado. de pactar con la radio televisión autonómica IB3

Así lo expuso Serra durante el pleno de la Cámara autonómica, donde aludió a supuestas cenas entre Vicens, la presidenta del Parlamento, María Antonia Munar, y el director general de IB3, Antonio Martorell, antes de que el juez diese a conocer una medida cautelar de prisión sobre el ahora parlamentario del Grupo Mixto, que fue transmitida por el medio de comunicación autonómico "diez días después" de que el magistrado elevase el caso al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).