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PP, IU y ERC tumban la Ley Audiovisual

El Congreso amplía el plazo de presentación de enmiendas al marco regulatorio del sector hasta el 1 de diciembre

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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
PP, IU-ICV y ERC defenderán enmiendas de totalidad al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual , cuyo plazo de presentación amplió hoy de nuevo el Congreso hasta el 1 de diciembre.

Además de la enmienda de totalidad, el diputado popular dijo que su partido registrará previsiblemente más de 40 enmiendas parciales.

Para el ponente popular en esta norma, Miguel Angel Cortés, es "un proyecto de ley muy malo, que representa una amenaza a la libertad de expresión por la censura que establecerá a través del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)".

" Este Gobierno quiere mantener el control de los medios creando una base de inseguridad jurídica que estará en manos de un órgano administrativo", afirmó Cortés. A juicio del PP, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión "sólo puede tener como límite el Código Penal y la intervención judicial", y no una institución administrativa como el CEMA.

El principal partido de la oposición también enmenderá el proyecto a la totalidad porque extiende el régimen sancionador a "internautas y redes sociales, incluyéndolos dentro de una gran denominación de comunicación audiovisual", y porque no incorpora los mecanismos idóneos de protección a los colectivos de consumidores más vulnerables frente a las nuevas tecnologías de la información.

El PP insiste en que la Ley Audiovisual es una norma "necesaria", "que llega con mucho retraso", pero que el Gobierno ha llevado al Parlamento "sin consenso". "Sólo la ha negociado con Uteca, que ahora parece que dice sentirse engañada por la vicepresidenta De la Vega. A nosotros ni se han dirigido hasta ahora", añadió Cortés.

Sobre la nueva prórroga hasta el 1 de diciembre, la tercera desde que entró el proyecto en el Congreso, Cortés cree que es "una prueba de que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de acuerdo y sólo quieren darle largas a la tramitación".

Por Izquierda Unida, su diputado, Gaspar Llamazares, ha denunciado que es un proyecto que atiende sobre todo a los intereses de Uteca y que llega "troceado", después de haberse aprobado con anterioridad medidas que recoge ahora el articulado como la TDT de pago o la liberalización accionarial de las cadenas privadas.

Para Joan Ridao, de ERC, el proyecto constituye un " hostigamiento de los medios de comunicación privados a los públicos" y "llega al Parlamento sin que guste a nadie". "Una cosa es la trasposición de una directiva comunitaria, y otra lo que se ha perpetrado, que es un auténtico ornitorrinco audiovisual". Para Joan Herrera, de ICV, la ley "crea un servicio público residual".

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