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Retirada de licencia a los operadores que no paguen la tasa para RTVE

El borrador del anteproyecto de ley de financiación de la Corporación establece que este año recibirá "hasta un máximo de 165 millones" adicionales del Estado

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RTVE

Si a alguna operadora de telecomunicaciones o cadena de televisión se le ocurre no pagar las nuevas tasas (0,9% y 3% de sus ingresos, respectivamente) con las que se sostendrá RTVE cuando se quede sin publicidad, perderá la licencia. Así lo establece el borrador del anteproyecto de ley de financiación de la Corporación que ahora estudia la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El texto elaborado por el Gobierno -al que ha tenido acceso Servimedia- también fija el techo presupuestario de la radiotelevisión estatal en 1.200 millones de euros. "Este importe operará también como límite de gasto en cada ejercicio", añade.

A partir del trienio 2012-2014, el crecimiento de la partida no podrá ser superior al 1% anual, y desde 2014, el alza se acomodará a la previsión de incremento del IPC. En el caso de que RTVE rebase estos topes de ingresos, tendrá que dárselo el Tesoro Público.

Para hacer frente ya este año a la merma de ingresos y a las necesidades de producción de nuevos programas que se deriven de la desaparición de los spots, RTVE recibirá del Estado "hasta un máximo de 165 millones de euros".

En cuanto a los contratos firmados por la Corporación antes de la entrada en vigor de la ley, las actividades de publicidad, televenta y programación de acceso condicional se desarrollarán "en los términos establecidos" en el contrato, aunque sin que éstos puedan ser prorrogados "en ningún caso".

El anteproyecto prevé, asimismo, dotar a la Corporación RTVE de "un fondo de reserva", que estará sustentado "con los ingresos que superen el coste neto del servicio público" prestado en cada ejercicio.

La aportación anual a este fondo no podrá superar el 10% de los gastos anuales presupuestados.

El fondo de reserva sólo podrá ser utilizado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores "y para hacer frente a contingencias especiales derivadas de la prestación del servicio público encomendado".

Para poder hacer uso de esta partida, la corporación tendrá que recibir autorización del Ministerio de Economía, y en caso de que no se use en cuatro años, el fondo se utilizará para reducir las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

En cuanto a las obligaciones de servicio público que adquiere TVE, el redactado que ha hecho el Gobierno le exige que dedique al menos 10 horas semanales en horario "no residual" entre sus distintos canales a emitir programas en los que se dé acceso a los grupos políticos, sindicales y sociales.

Antes del 1 de enero de 2013, TVE deberá emitir subtitulado el 90% de los programas y emitir al menos 10 horas a la semana de interpretación con lengua de signos y audiodescritas.

En cuanto a contratación de servicios exteriores y de producciones ajenas, el Parlamento le dará un mandato nítido a TVE si aprueba la ley: esa contratación " no se concentrará en más del 30% en un mismo proveedor, con la salvedad de las empresas con poder significativo en el mercado o que sean titulares de la explotación de derechos exclusivos".

La Corporación deberá "limitar al 10% del presupuesto anual de aprovisionamientos, compras y servicios exteriores la adquisición de derechos de emisión de los eventos deportivos de gran interés para la sociedad que se fijen en el contrato programa, con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

Por lo que se refiere a emisión de cine, TVE no podrá emitir en el conjunto de sus canales más de 70 películas de estreno del catálogo de las majors en prime time.

La ley dice que no tendrán la consideración de publicidad las autopromociones siempre que la duración máxima de estos anuncios por hora de emisión no sea superior a la del resto de los operadores de televisión nacionales.

Tampoco contarán como anuncios las actividades de publicidad institucional, "entendiendo por tales todas aquellas consideradas de utilidad pública y de información de interés general para los ciudadanos y de patrocinio cultural".

Además, podrá programar "campañas divulgativas de carácter social o de contenidos solidarios en beneficio de entidades y organizaciones sin fines de lucro emitidas al amparo de la responsabilidad social corporativa de RTVE".

Asimismo, la corporación podrá comercializar sus emisiones de radio y televisión a través de Internet, mediante un pago de tarifas por paquetes básicos.

Estos contenidos podrán explotarse a través de sistemas de distribución ofrecidos "por terceros", al tiempo que no tendrán consideración de actividad de acceso condicional o de pago, algo que la Ley de Radiotelevisión estatal prohíbe.

El Ejecutivo también autoriza -previo acuerdo del Consejo de Ministros- a la corporación a ofrecer emisiones "de acceso condicional" en el caso de servicios "específicos de valor añadido".

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