Segundo expediente de Bruselas por la financiación de RTVE
La Comisión Europea abrió hoy expediente a España por la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar RTVE y compensar así la supresión de la publicidad en la televisión estatal.Ambas investigaciones continuarán ahora "en paralelo", según explicó el portavoz de Telecomunicaciones, Jonathan Todd.
El Gobierno tiene "absoluta confianza" en la legalidad de la norma, han manifestado a EFE fuentes del Ministerio de la Presidencia.
El portavoz del PP en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, Miguel Angel Cortés, achacó por su parte el expediente "a las prisas y a la improvisación que el Ejecutivo "ha demostrado" en las reformas en materia audiovisual.
Bruselas considera que esta tasa es podría ser incompatible con la legislación comunitaria sobre telecomunicaciones y perjudicar indebidamente a los operadores, limitando las inversiones en nuevas redes y afectando negativamente a los clientes. "A la Comisión le preocupa que este nuevo gravamen sobre los operadores de telecomunicaciones pueda ser incompatible con las normas de la UE", y que pueda "limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes", dijo la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un comunicado.
Se trata del segundo procedimiento que lanza Bruselas contra el nuevo modelo de financiación de RTVE.
El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo comunitario ya abrió una investigación en profundidad por considerar que este modelo vulnera además las normas de la UE sobre ayudas públicas. De hecho, Bruselas cree que esta tasa podría constituir un "subsidio ilegal" para RTVE.
La Comisión también ha abierto dos expedientes contra el modelo de financiación de la televisión pública en Francia, en el que se inspira el español.
El nuevo modelo, que entró en vigor en septiembre, suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.
La apertura del expediente adopta la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a la denuncia de Bruselas.
Si los argumentos de España no le convencen, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones con Red Propia (Redtel) -que agrupa a ONO, Orange, Telefónica y Vodafone- aplaudió la apertura del expediente.
"No se atrevieron a establecer un canon y decidieron que pagaran los operadores de telecomunicaciones, que eran los que pasaban por allí", aseveró.