La privatización de las autonómicas supera el Congreso

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, ha superado su primer trámite en el Congreso de los Diputados al contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de UPN, la abstención de CiU y de Coalición Canaria, y el voto en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG, Amaiur y Geroa Bai.

Además, el Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, UPyD, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y el BNG, que pedían la devolución del texto presentado por el Gobierno.

Durante el debate de esta reforma en la Cámara Baja, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido que la intención del Ejecutivo es solventar la "difícil situación económica" de gran parte de las televisiones autonómicas españolas, al permitirse recuperar su viabilidad económica. Eso sí, ha insistido en que no se trata de una "obligación" sino de una reforma que abre la puerta a que, dentro de la flexibilidad, las comunidades autónomas decidan cómo quieran gestionarse. "Es una elección de cada cual", ha avisado.

Así, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó a finales de abril esta reforma de Ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio, y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además, ha señalado que se elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero la producción y edición de los mismos.

El portavoz del PSOE en materia audiovisual, Juan Luis Gordo, ha propuesto que sea RTVE, mediante un convenio, quien pueda facilitar el servicio público de radio y la televisión en las comunidades autónomas. La idea, según ha explicado, consiste en aprovechar las sinergias mediante la cooperación y colaboración entre los operadores estatales y autonómicos.

"Nosotros no nos podemos fiar de ustedes en un tema tan importante como éste. Con este proyecto extienden la televisión de partido al resto de las televisiones autonómicas, controlan los informativos y dan cobijo a grupos mediáticos que, como aves carroñeras, están al acecho, antiguos parientes, antiguos secretarios de Estado para hacerse con las televisiones autonómicas", ha incidido.

A su juicio, esta reforma sobrepasa varias líneas rojas: "Excede el ámbito competencial del Estado al imponer a los servicios públicos obligaciones muy exhaustivas, quiebra el principio de independencia y pluralismo porque externaliza los servicios informativos, además aboga por la privatización y al mismo tiempo establece una excelente plataforma para la expansión mediática para grupos de interés mediático".