Ahora le toca a los anuncios de putas en Internet

El Gobierno ha remitido este viernes a los grupos parlamentarios un documento en el que materializa su intención de prohibir los anuncios de contactos en la prensa y propone ampliar la restricción a los medios digitales y a la publicidad de locales donde se ejerce esta actividad. No aborda el ámbito audiovisual, aunque los grupos parlamentarios podrían incorporarlo.

La propuesta, es un proyecto de Ley de reforma de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad que persigue modificar los artículos quinto y sexto mediante la adición de nuevos apartados.

El artículo 5 tendrá un nuevo apartado 6 por el que "se prohíbe la publicidad en prensa de servicios sexuales y de locales dedicados a la prostitución" y "la prohibición alcanza asimismo a las ediciones digitales de estas publicaciones en la medida en que el acceso a las páginas que contienen estos anuncios no esté limitado a adultos".

Asimismo, se añadirá un nuevo apartado para concretar que "frente a la publicidad ilícita por incumplimiento" de dicha prohibición, "estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de cesación, el Ministerio Fiscal y las organizaciones y entidades jurídicas públicas y privadas que velan por la igualdad entre hombres y mujeres o la protección de los derechos de los menores".

En la actualidad, está legtimado para ejercer las medidas previstas contra la publicidad ilícita "cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo", por lo que esta modificación ampliaría los supuestos que actualmente contempla la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La propuesta también quiere modificar el artículo 5 para que el incumplimiento de la prohibición de publicar este tipo de anuncios se considere una infracción y puedan adoptarse las medidas oportunas.

En este sentido, el artículo 32 de la citada ley de consumidores contempla que contra la publicidad ilícita, se podrán adoptar acciones de "declaración de deslealtad", "cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura", así como "podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica", entre otras.

No obstante, la propuesta del Gobierno está abierta a las aportaciones de los grupos, que ahora deberán iniciar los trabajos sobre este documento, que contempla la posibilidad de redactar una disposición adicional "que precise el ámbito de la prohibición" y no concreta ni el título competencial ni el plazo de entrada en vigor de la reforma.

En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón, no descarta la posibilidad de que durante la negociación con el resto de grupos parlamentarios la prohibición de los anuncios de prostitución se amplíe también a las televisiones porque, a su juicio, "tendría más sentido". "Habrá que ver hasta dónde entramos, pero desde luego, todo con el mayor consenso", ha señalado.

Sobre los plazos, ha indicado que la intención es aprobar esta reforma antes del fin de la Legislatura y, como "hay un sentimiento bastante unánime" entre los grupos parlamentarios, se podrán "articular los mecanismos" necesarios para que se cierre "lo antes posible". Los trabajos, ha añadido, comenzarán la semana que viene, cuando tratarán de "cerrar la propuesta", ha añadido Montón.

La modificación de la Ley General de Publicidad fue una de las opciones planteadas por el Consejo de Estado cuando en mayo de 2010 la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, requirió su asesoramiento sobre las fórmulas jurídicas más apropiadas para ejecutar la prohibición de los anuncios de contactos. El organismo consultivo avaló esta iniciativa en marzo de 2011 y recomendó la aprobación de una "ley prohibitiva de la actividad" para llevarla a cabo.

Otra de las posibilidades que estaba sobre la mesa, no obstante, era la redacción de un proyecto de Ley en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, dado que todos los grupos parlamentarios se habían mostrado favorables a erradicar este tipo de publicidad de la prensa dando su respaldo a distintas iniciativas parlamentarias, como la que en septiembre de 2010 apostaba por la autorregulación en los medios.

La última de ellas fue aprobada el pasado 14 de junio, cuando obtuvo unanimidad una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo a convocar a los portavoces de todos los grupos en un plazo de 15 días para estudiar esta medida.

La iniciativa motivó que la propia Aído, actual secretaria de Estado de Igualdad, mantuviera reuniones con las distintas formaciones.

Además, el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno el 12 de diciembre de 2008 para el trienio 2009-2011, incluye entre sus acciones "Promover el control de los anuncios de contactos en los medios de comunicación".