La CMT apunta que la ley de financiación de RTVE podría ser inconstitucional

Reinaldo Rodríguez, presidente de la CMT.mediaset.es

La supresión de publicidad en TVE aumentará el coste de los anuncios que se emitan en operadoras de televisión a nivel nacional, que aprovecharán la citada medida del Gobierno para subir los precios "independientemente" de su cuota de pantalla, según se desprende del informe que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) realizó para el Ejecutivo.

De todas las conclusiones ofrecidas por este organismo -seis en total-, el Gobierno únicamente tuvo en cuenta la petición de no retirar la licencia a los operadores en caso de impago de las tasas.

En un apartado del informe, la CMT recopila los ingresos publicitarios de los principales canales de televisión en 2008, que ascendieron hasta los 2.518 millones de euros en este concepto.

Para este organismo, el hecho de que RTVE -que ocupa casi una cuarta parte del mercado- renuncie a la publicidad conllevará un número "inferior de televidentes".

Ante esta situación, contempla dos opciones: la subida de los precios del minuto publicitario o el aumento de la emisión de anuncios. "Dado que esto último está limitado -12 minutos por ley-, es de entender que ocurrirá lo primero y ello independientemente de que ganen o no cuota de pantalla", explica el documento.

La CMT apunta a un aumento de precios en el sector publicitario, a pesar de unos anuncios "menos atractivos" en los operadores privados, ya que, a su entender, los telespectadores podrían estar "más interesados" en la oferta sin publicidad de TVE.

Respecto a los beneficios de esta medida para las televisiones privadas, señala que será "una cuantía importante, de difícil concreción".

En este punto, destaca que la medida del Gobierno podría desarrollar "una potencial nueva capacidad económica" que permitiría ampliar sus ingresos a través de otro modelo de negocio.

En relación a las tasas a las operadoras de telecomunicación, el informe contempla una posible inconstitucionalidad de la medida, además de ser "contraria" al Derecho Comunitario. El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, siempre ha manfestado su oposición a esta medida.

En concreto, la CMT destaca que el gravamen no cumple con el principio de capacidad económica de la legislación española, al no realizar "ninguna actividad o negocio que demuestre una capacidad económica para ser gravada".

Asimismo, cuestiona que la supresión de publicidad en TVE suponga beneficios para estas empresas del sector de las telecomunicaciones, por lo que no se cumpliría el principio de igualdad de la Constitución Española.

A su entender, la "imposición" de esta aportación puede conllevar "un efecto contrario al dinamizador", con un impacto en los precios finales de sus servicios, así como en sus inversiones.

En el ámbito europeo, la CMT recuerda que la nueva carga tributaria "estaría excediendo" dos artículos de la directiva europea que prohíbe a los Estados miembros "imponer" a las operadoras de telecomunicaciones "cargas pecuniarias".

En su propuesta alternativa al modelo del Ejecutivo, la CMT propone un sistema de financiación sin tasas para las telecos, en el que se debería aumentar hasta el 90% la cantidad de ingresos por uso del espacio radioeléctrico, fijado en el 80%.

En respuesta a estas consideraciones sobre las tasas, el Gobierno afirma que "cabe rechazar la mayoría de las críticas, por basarse en que no favorecen a los operadores, admitiendo que sí les afectan aunque dicha afectación se ve notablemente compensada por sus oportunidades de negocio".

Además, incide en que respeta la normativa europea, ya que las tasas referidas por la CMT no son las mismas que las contempladas en el proyecto de ley.

Por su parte, el informe del Consejo del Estado critica la "ausencia de puntos de vista" de los agentes económicos "interesados" en este proceso, cuya "pluralidad habría sido enriquecedora y habría permitido una más integral visión del alcance de los problemas" de esta medida.

Además, pide al Gobierno estudiar la conveniencia de incluir "alguna previsión" que establezca y regule un sistema de valoración específico de la programación desarrollada por TVE en los próximos años.