El PSOE quiere que las cadenas paguen el Consejo Audiovisual

Imagen de una sala de control.mediaset.es

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El PSOE ha registrado un paquete de enmiendas que proponen modificar varios apartados de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, entre las que se incluyen el pago de varias tasas a los operadores audiovisuales de ámbito estatal para financiar el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
En el texto, la formación socialista recuerda que esta financiación es similar a la que reciben otros organismos estatales como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía o la Comisión Nacional del Juego.
En concreto, los operadores audiovisuales -de ámbito estatal o superior al de una comunidad autónoma- deberán pagar tanto por el ejercicio de las funciones del Consejo como por el registro de un nuevo operador.
En el primer caso, la tasa será la resultante de aplicar a primeros de año un tipo del 0,0015 al conjunto de ingresos brutos de explotación del operador obtenidos por los servicios audiovisuales. A esta tasa se deberán sumar 1.000 euros cada vez que se produzca una renovación en la inscripción de los operadores; otra de 100 euros por cada certificación registral u otra de 2.000 euros por cada autorización de negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual.
Según el PSOE, la enmienda propuesta se ajusta al plan de austeridad de la Administración General del Estado, por lo que los incrementos de recaudación del organismo se destinarán "íntegramente" a reducir el déficit público, sin que puedan ser aplicados a financiar aumentos de gasto.
Tanto las cadenas de televisión como el Partido Popular se oponen a la creación del CEMA. Los operadores consideran que ya existe un organismo supervisor del sector, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y, en todo caso, reclaman que no se actúe con prisa y que se aplace´la decisión a la próxima legislatura  para "hacerlo bien" y con consenso entre todos los grupos.
El principal partido de la oposición, por su parte, opina que el Ejecutivo pretende recortar la "libertad de expresión" con esta entidad que controla los contenidos.
Asimismo cuestiona el coste adicional que supondría la creación de esta oficina.