Telecinco ha presentado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, una denuncia contra RTVE y solicita que se le requiera para que retire la oferta para la adquisición de la Champions League.

Telecinco sostiene que "RTVE ha incumplido la Ley 8/2009 de Financiación de RTVE y la Ley General de Comunicación Audiovisual al presentar hasta una segunda oferta" por los derechos del partido en abierto de la Liga de Campeones (desde 2012 hasta 2015) "a sabiendas de que otros operadores privados habían presentado igualmente propuestas para su adquisición".

La Ley de Financiación de RTVE señala en el apartado primero de su artículo 3, que la Corporación no podrá "sobrecotizar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor comercial".

Y, por otra parte, en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, el artículo 43.7 dispone igualmente que los prestadores de servicios públicos "no podrán subcotizar los precios de su oferta comercial y de servicios ni utilizar la compensación pública para sobre pujar frente a competidores privados por derechos de emisión sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual".

Telecinco destaca asimismo que "al igual que se imponen a los operadores privados contraprestaciones por la prohibición a la CRTVE de emitir contenidos publicitarios y por la utilización de un bien público, se deben imponer contrapartidas a RTVE a cambio de la garantía de su estabilidad presupuestaria y para no distorsionar los principios de la competencia".

Esas contrapartidas "no pueden ni deben ser otras que reforzar el carácter de servicio público de RTVE en sus contenidos y en su gestión".

Como aún no se ha constituido el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA, al que la Ley Audiovisual encarga que vele por el cumplimiento de esta Ley, atribuyéndole la potestad sancionadora así como la potestad para requerir el cese de las prácticas que contravengan las disposiciones establecidas en la propia Ley", Telecinco sostiene que sus funciones deben ser ejercidas por el órgano administrativo competente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ante la que se ha presentado la denuncia.