Esperanza Aguirre quiere subastar Telemadrid

El jefe levantó la liebre el fin de semana, y Esperanza Aguirre recoge el testigo. "Creo que es más justo reducir gasto en TVE", así como en las autonómicas de titularidad pública, "que no a los pensionistas", dijo Mariano Rajoy. Lo que ha servido a la presidenta madrileña para recordar que es partidaria de privatizar Telemadrid y hacerlo "por subasta". El artículo 6 de esta norma, en vigencia desde el año 1983, determina que "la gestión de los canales públicos que se concede a las comunidades autónomas no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros".

Tras el Comité de Dirección del PP de Madrid, donde ha lamentado que ni el hoy alcalde de la capital -que ya incluyó este punto en su programa electoral cuando ganó sus primeras autonómicas- ni ella misma hayan podido cumplir hasta ahora con su modelo de futuro para la cadena pública, que suma más de 1.300 trabajadores-funcionarios.

"Si ni él (Ruiz-Gallardón) ni yo hemos podido privatizar Telemadrid es porque lo prohíbe la ley de terceros canales que hizo el PSOE y que prohíbe la gestión indirecta de las televisiones públicas", ha lamentado la presidenta.

El año pasado, Telemadrid cerró con unas pérdidas de 22 millones, con un presupuesto en torno a los 131 millones de euros, 81 de ellos provenientes de fondos públicos. Y acumula una dueda de 210 millones.

En paralelo, y en entrevista con Radio Nacional, la secretaria general del Partido Popular y candidata a la presidencia de Castilla La Mancha, Maria Dolores de Cospedal, ha apostado por aplicar "casi una economía de guerra", en la que "todas las entidades públicas tienen que apretarse mucho el cinturón".

"Es verdad que aquí", en RTVE, "han pasado un ERE", ha recordado Cospedal. Pero éste "no es la única salida para ahorrar" y ha aconsejado utilizar medios propios en lugar de "medios ajenos", en línea con lo que ha llevado a los sindicatos a convocar movilizaciones (dos huelgas incluidas) este año.

En 2008, las televisiones autonómicas perdieron -según el último informe publicado por la consultora Deloitte- más de 510 millones de euros, con unas subvenciones públicas que sumaron 699 millones y unos costes de 1.501 millones.

También según Deloitte, cada punto de audiencia supuso a las cadenas comerciales 37.247 euros de gastos de explotación; frente a los 104.030 de las autonómicas. Asimismo calculó que por cada punto de share trabajan 100 profesionales en las privadas, frente a los 460 en la FORTA.