El Gobierno da una de cal y otra de arena a la Liga para evitar la huelga

La patronal de la Liga no descarta ir a la huelga, pero se ha dado tres meses más para seguir negociando sus reivindicaciones con la Administración. En lo que respecta a los ingresos procedentes de televisión, el Gobierno ha cedido en una de las peticiones (los clubes podrán vender sus derechos por cuatro años, frente a los tres que defiende Competencia), pero se mantiene firme en el mantenimiento de un partido en abierto, el que ahora retransmite La Sexta.

El presidente de la LFP, José Luis Astiazarán, reconoce el esfuerzo del Ejecutivo, y considera que el cambio en la duración de los contratos es un "avance". "Hay que ver el resultado. Por lo menos, hay alguna luz que vemos en algunos temas", dijo.

Sobre la marcha, el PSOE ha introducido una enmienda en La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), por la que da protagonismo a entidades como la LFP, que tendrán que ser consultadas por el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) antes de la aprobación del catálogo de acontecimientos de interés general.

Pero no se toca el artículo 20, que impide que se puedan derivar al pay per view retransmisiones como, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los partidos oficiales de las selecciones de fútbol y baloncesto o un partido de Primera por jornada.

Jaume Roures, que desde la productora Mediapro controla los derechos de la práctica totalidad de los clubes de Primera y Segunda, les ha convencido de que pierden unos 100 millones de euros al año por ese partido en abierto. Encuentro que, precisamente, Mediapro ha revendido a La Sexta, donde es uno de los accionistas de referencia, por las tres próximas temporadas.

Como compensación, otra de las enmiendas a la LGCA, que hace referencia al artículo 21, añade un párrafo en el que se señala que "los contratos de adquisición de los derechos de las competiciones futbolísticas no podrán exceder de cuatro años".

El PSOE abre así un poco la mano, frente la más estricta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que actualmente revisa los contratos de la productora de Roures con los clubes, y que defiende que éstos no deben pasar de los tres años.

Tanto los equipos de fútbol como la productora que controla sus derechos abogan por firmar compromisos de largo alcance, como los de cinco años que ahora mantienen. Con una resolución desfavorable de Competencia y sin el amparo de esta modificación del partido en el Gobierno, los contratos actualmente en vigor quedarían invalidados.

Hasta 2015, y sólo en derechos deportivos, Mediapro tiene que hacer frente al pago de 2.583,8 millones.