El Gobierno mantiene sus discrepancias con la UE sobre los límites de la publicidad en TV
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró hoy que España insistirá ante la Justicia europea en su interpretación contraria a la de Bruselas respecto a los límites de publicidad en televisión fijados a escala comunitaria.
De la Vega defendió, en una reunión con la comisaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, en Estrasburgo (Francia), la postura española, que no considera que se computen como publicidad la telepromoción y los publirreportajes.
La vicepresidenta, que informó a Reding de la intención del Gobierno español de aplicar antes del fin de este año las últimas normas en materia audiovisual acordadas por los Veintisiete dentro de la Ley General Audiovisual, reconoció que en lo referente a la publicidad se mantienen las discrepancias.
"Es verdad que hay una discrepancia en la interpretación de lo que debe entenderse por publicidad entre lo que dice la CE y lo que dice el Gobierno de España", admitió De la Vega, que dijo que será el Tribunal europeo el que tendrá que establecer si la interpretación española cabe dentro de la directiva.
Las cadenas españolas excluyen de ese límite europeo los anuncios de telepromoción y los publirreportajes de corta duración que, según la CE, deben ser considerados publicidad.
Según De la Vega, excepto en este asunto, la sintonía con la comisaria es total. La vicepresidenta del Gobierno español no pudo reunirse finalmente con la responsable europea de Competencia, Neelie Kroes, con quien tenía previsto analizar la financiación de los medios públicos pero que se vio involucrada en un accidente de tráfico.
En cualquier caso, De la Vega dijo que la posición del Gobierno es "conocida", así como el modelo mixto de financiación español, en el que la televisión pública se nutre del presupuesto y de la publicidad. También informó de que el Ejecutivo espera poder presentar ante el Parlamento para su aprobación antes de fin de año de la Ley General Audiovisual.
La Comisión prepara actualmente una revisión de las normas vigentes en este ámbito, que datan de 2001 y que no recogen situaciones surgidas en los últimos años como el pago por algunos servicios públicos de radiodifusión, la prensa electrónica en internet o tiendas que ofrecen gratis vídeos en línea.