El Gobierno dice que elimina los anuncios de TVE para garantizar el futuro de la cadena
mediaset.esEl Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que supone la "renuncia inmediata y definitiva" a la publicidad en la televisión pública estatal.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la ley "afianza" el modelo de una TVE fuerte y con vocación mayoritaria, y llega porque la caída del mercado publicitario "puede poner en peligro la estabilidad" de la Corporación RTVE.
Asimismo, De la Vega ha indicado que los ingresos "sólo podrán ser destinados" a actividades de servicio público, y que se prohíbe "sobrepujar frente a competidores por derechos sobre contenidos de gran valor".
Según el modelo que el Gobierno enviará ahora al Parlamento -y descartado por impopular un canon que repercutiría directamente sobre el bolsillo de los contribuyentes-, las televisiones privadas deberán ceder el 3% de sus ingresos de explotación, lo que este ejercicio -en el que las cuentas de resultados aún no habían sido afectadas por la crisis- se traduciría en unos 120 millones de euros.
A las empresas de telefonía les correspondería contribuir con un 0,9% de su facturación , que se calcula en la actualidad en cerca de los 300 millones de euros.
Por último, el 80% de la tasa por el uso del espectro radioeléctrico equivale a 240 millones.
Estas contribuciones, sumadas a los 550 millones que RTVE recibirá de las cuentas públicas, suman un presupuesto de 1.200 millones, cien más de los previstos antes de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidiera hace poco más de tres semanas eliminar los anuncios en la televisión estatal.
A partir de ese momento, un equipo coordinado por las vicepresidentas del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, se puso en marcha para traducir ese proyecto en números.
Y esta semana, De la Vega asumió la labor de comunicarlo a todas las partes afectadas, empezando por los directivos y los trabajadores de la cadena, que en ningún momento fueron consultados antes del anuncio.
El Ejecutivo aplica algunas limitaciones a RTVE. "Con exclusión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos", a derechos deportivos puede destinar hasta un 10% de su presupuesto; es decir, 120 millones de euros, con lo que no se vería obligada a renunciar a los contratos que ha suscrito, entre otros, con la Liga de Campeones o el Mundial de MotoGP.
Asimismo, deberá aumentar un 20% su obligación de inversión en cine nacional, un 6% de sus ingresos en vez del 5% al que están obligadas las televisiones privadas.
Y establece "la obligación de incluir en su programación espacios donde se de cabida a los grupos políticos, sindicales y sociales, retransmisiones de los principales debates parlamentarios, programas infantiles con contenidos y horarios adecuados y debates electorales. También se avanzará en accesibilidad para las personas con discapacidad y en el apoyo y emisión de producción audiovisual europea", reza el anteproyecto.
Ahora, el anteproyecto de ley deberá pasar a estudio del Consejo de Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) antes de llegar a su debate en el Parlamento, para que los partidos introduzcan las enmiendas.
El PP, que siempre ha defendido la liberalización del mercado -incluida la privatización de las autonómicas , a las que no afecta esta reducción-, ha decidido aprovechar el río revuelto para librar otra batalla contra el Gobierno.
Hace un mes, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González-Pons, anunciaba la intención de su partido de aprovechar la tramitación de la ley que permite la fusión entre operadores para introducir el debate de la eliminación de la publicidad en las televisiones públicas.
Esta semana, González-Pons daba la vuelta a su discurso, que tornó en apocalíptico cuando auguró una reducción del 50% de la plantilla de RTVE si desaparecen los anuncios.
El PSOE está obligado a pactar si quiere sacar adelante la ley, que, sin contar con la presentación de posibles recursos, querría que se pusiera en marcha este otoño.
El Gobierno -que tiene pendiente de firma desde el verano pasado el contrato-programa trienal de RTVE, bloqueado precisamente por el anexo referido a los presupuestos- aparca la tramitación de la Ley General Audiovisual, cuyo borrador se había comprometido a presentar el pasado mes de marzo.
Esta norma ordenaría toda la legislación que afecta al sector. En su lugar, tramita desgajadamente la ley que permite las participaciones cruzadas entre operadores y tiene pendiente de paso por Consejo de Ministros la autorización para la puesta en marcha de la TDT de pago.