La Junta descarta quitar los anuncios de Canal Sur

La Junta de Andalucía decidió hoy mantener el actual sistema de financiación mixto de RTVA (financiación vía subvención de la Junta e ingresos derivados de la actividad comercial) y descartó imponer un canon al ciudadano. El modelo se concretará cada tres años en un contrato-programa en el que se establecerán los objetivos específicos y la asignación de recursos para su cumplimiento.

Así lo decidió hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que aprobó la Carta del Servicio Público de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), documento que será remitido al Parlamento y que fija las estrategias y prioridades que deberá aplicar esta agencia pública en su acción empresarial y de comunicación durante los próximos seis años.

Asimismo, se destaca el compromiso de la RTVA con la igualdad entre hombres y mujeres; la protección de la infancia y la juventud en relación con su programación y horarios; el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, adecuando los espacios para que les sean accesibles, y la atención especial que se prestará al colectivo de las personas mayores -con contenidos adecuados a sus preferencias y necesidades- y a los grupos en riesgo de exclusión social.

La agencia pública dispondrá de un cauce permanente destinado a atender y captar todas las opiniones y sugerencias a través de la figura del Defensor de la Audiencia, que preservará los derechos de espectadores, oyentes y usuarios y dará un trámite adecuado de atención y respuesta a sus demandas.

Además, la desaparición de los espacios publicitarios en la televisión autonómica afectaría a los anunciantes andaluces, que se verían discriminados frente a empresas nacionales por el encarecimiento de las tarifas y la desaparición de las desconexiones regionales en el resto de cadenas, a partir del mes de abril, con la implantación del sistema digital, según explicó el consejero.

La elaboración de la Carta del Servicio Público aprobada hoy para su remisión al Parlamento fue establecida por la Ley 18/2007 de la RTVA con el objetivo de reforzar aún más el papel de la Cámara autonómica en relación con el operador público audiovisual. De esta forma, a la elección parlamentaria de sus principales órganos de gobierno y al control de su funcionamiento, se suma ahora la aprobación de las directrices generales para el control de la actividad de la empresa y el cumplimiento de su función.

El documento, que será remitido al Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, subraya como principales objetivos promover la atención al pluralismo social, cultural y político; garantizar la libertad de expresión y la libre formación de la opinión pública; impulsar la divulgación de valores cívicos y democráticos, y asegurar un acceso universal a la información, la cultura, la educación y un entretenimiento audiovisual de calidad.

Respecto al nuevo escenario de la expansión de los servicios de radio y televisión digital terrestre (TDT), el documento recoge que la RTVA, de acuerdo con su marcado objetivo de utilidad pública, planificará la prestación de nuevos servicios interactivos y en línea, junto a los que ya se operan a través de internet, de acuerdo con el estado de la tecnología de los usuarios y con las potenciales demandas de la ciudadanía.

En cuanto a la financiación, la Carta fija un mecanismo estable y sostenido de carácter mixto, a través de subvenciones consignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma y de ingresos derivados de la actividad comercial. Se establece así la garantía de una gestión económico-financiera orientada a la optimización de la explotación de los recursos disponibles, manteniendo el sistema previsto en el marco jurídico actual.

Según expuso Avila, para la adopción de este modelo se han tenido en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo creado en mayo de 2009 en la Consejería de la Presidencia, por encargo del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Este grupo valoró elementos de índole social, económica y jurídica, así como las experiencias en el entorno más próximo, las diversas alternativas de financiación, la incidencia del modelo actual en la economía andaluza y la valoración de la publicidad por parte de los ciudadanos. De acuerdo con su análisis, el grupo de trabajo apreció que ninguna de las normas que rigen el sector en el ámbito europeo, nacional y andaluz recoge la obligatoriedad de la supresión de la publicidad en los medios públicos audiovisuales de carácter autonómico.

Asimismo, señaló que Canal Sur es la televisión con menor coste por habitante entre las emisoras autonómicas (unos 17 euros anuales por ciudadano) y la más competitiva en términos de valor de la publicidad, además de situarse en la media nacional de financiación pública. En las conclusiones del grupo se señala igualmente que otras fuentes de financiación, como las tasas o los impuestos para usuarios u operadores, se presentan como "inestables e insuficientes".