El PSOE se alía con UPyD para no pagar la transición a la TDT

El Pleno del Congreso ha rechazado -con los votos en contra del PSOE y de UPyD, la abstención del PP, y el apoyo de CiU, ERC-IU-ICV, BNG, UPN, NaBai, Coalición Canaria- una proposición no de ley del PNV, con la que pretende que sea el Gobierno el que asuma el 100% del coste que va a suponer la segunda fase de transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (TDT).

El diputado nacionalista vasco José Ramón Beloki ha sido el encargado de defender esta iniciativa en la que, previsiblemente, va a ser una de sus últimas intervenciones en el hemiciclo del Congreso tras anunciar que se despide de la política. Si bien, seguirá participando en la Diputación Permanente hasta el final de esta legislatura.

A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas por parte del PSOE y del PP, que Beloki ha rechazado. En su intervención, ha denunciado la actitud "esquiva, huidiza e intencionadamente confusa" del Gobierno y, en especial del Ministerio de Industria, en relación a la financiación de los gastos de la transición de la televisión analógica a la digital.

En este sentido, ha defendido que debe ser el Ejecutivo el que costee el 100% de los gastos de la adaptación a la TDT, usando el beneficio que la cartera de Industria está teniendo del denominado dividendo digital; "unos 1.700 millones de euros", según ha especificado.

Así, José Ramón Beloki ha dicho que el "dividendo digital está siendo muy superior incluso a lo que el Gobierno calculó" y está suponiendo un "notable negocio" al Gobierno central con la transición de la televisión analógica a la digital. "Es de pura lógica y de justicia social que se use ese dinero para financiar los costes que están teniendo los usuarios, las empresas concesionarias y las Administraciones públicas locales", ha argumentado.

Eso sí, ha querido llamar la atención sobre que el Gobierno español "reparta los gastos" mientras "se queda con el beneficio", algo que, a su juicio, "no tiene ningún sentido y menos en las circunstancias actuales".

Desde el PP, la diputada Carmen Feliu ha querido hacer un balance de la "desastrosa política audiovisual" emprendida por este Gobierno a lo largo de la legislatura. En este sentido, ha avisado de que, si se hubieran hecho las cosas bien, no hubiera supuesto un trastorno a los ciudadanos la transición a la televisión digital terrestre.

Desde Coalición Canaria, Fernando Ríos, considera igualmente que debe ser el Gobierno el que sufrague estos gastos, dado que, a pesar del éxito de la transición de la televisión analógica a la digital terrestre, las administraciones públicas y locales han tenido que sufragar gastos no previstos inicialmente por el Gobierno.

Asimismo, el diputado de ERC Francesc Canet y la de CiU, Inmaculada Riera, han coincidido en que debe ser el Estado el que pague los gastos derivados a los ciudadanos por la transición de la televisión analógica a la digital, dado que el Gobierno está obtenido dinero a partir de la subasta del espacio radioeléctrico.

Según explica el PNV, la transición de la televisión analógica a la digital culminó con éxito en marzo del pasado año, gracias, en gran parte, a la colaboración y coordinación de todas las administraciones. Ahora, según indica, se está inmerso en esa segunda fase del proceso, presente en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto de 2005, como es el escenario tras el cese de la emisión de televisión con tecnología analógica.

Para el desarrollo de este escenario, apunta que el Gobierno aprobó el Real Decreto de 2010, que regula la asignación de múltiples de la televisión digital terrestre, tras el cese de las emisiones de televisión digital con tecnología analógica.

En concreto, el múltiplex representa una parte del espacio radioeléctrico que las televisiones utilizan para emitir sus canales. Después del apagón analógico, cada una tiene derecho a un múltiplex que le permite emitir cuatro canales (si se cuenta la de HD que emiten algunas, serían cinco), menos TVE que tiene dos.

En esta regulación, el PNV explica que se van a tener en cuenta las decisiones regulatorias que los organismos internacionales especializados en telecomunicaciones y las instituciones comunitarias están adoptando.

Eso sí, advierte de que esta reasignación, realizada de acuerdo con los criterios citados, de seguirse con el esquema con el que se operó en la transición de la televisión analógica a la digital y pretender alcanzar idéntica cobertura a la alcanzada en dicha transición, va a requerir actividades y gastos tanto por parte de las televisiones adjudicatarias como de los televidentes particulares y, en su caso, de las administraciones públicas.