Cataluña cobrará 0,25 euros al mes por línea de ADSL para producir cine

Consejero de Cultura Ferran Mascarellmediaset.es

El Gobierno catalán ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de ley del impuesto sobre el ADSL que gravará a las compañías operadoras de conexión a Internet con una tasa de 0,25 euros mensuales por cada línea contratada en Cataluña, y que revertirá íntegramente en la subvención del audiovisual catalán.

En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, ha subrayado que esta tasa u otras similares ya existen en otros países de Europa, y ha remarcado que la norma precisará que las compañías no puedan repercutir ese gravamen sobre los consumidores.

El consejero ha explicado que el objetivo es "mantener competitivo un sector muy importante para Cataluña" como el audiovisual, que, según ha dicho, reúne alrededor de 2.000 empresas con más de 11.000 trabajadores y aporta en torno a 2.500 millones de euros a la economía catalana.

Según cálculos del Gobierno catalán, el impuesto "finalista" aportará 20,5 millones de euros a las arcas de la Generalitat, que se destinarán principalmente a dotar de recursos el fondo para el fomento de la industria audiovisual y el fondo para el fomento de la difusión cultural digital.

Sobre la oposición que puedan ejercer las compañías operadoras de conexión a Internet, ha asegurado que su departamento ha hablado y seguirá hablando con ellas, y se ha mostrado convencido de que alcanzarán un punto de encuentro: "Al final entenderemos que nos interesa a todos".

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic) ha mostrado su "oposición" frontal a este proyecto.

"De llegar a hacerse realidad esta tasa, la Ametic tomará las decisiones y adoptará las medidas que se entiendan más oportunas en defensa de los intereses de sus asociados", han asegurado en un comunicado.

La Generalitat se ha fijado en las operadoras de conexión a Internet por ser canales de distribución de contenidos, y considera que posibilitar el mantenimiento del audiovisual con este impuesto será, a la vez, positivo para las operadoras, que se nutren de sus contenidos y se "benefician del consumo masivo de contenidos a través de la red".

La gestación de la medida empezó hace un año ante la crisis del sector audiovisual catalán -que ha perdido la mitad de espectadores entre 2001 y 2012 y ha sufrido un recorte de un 50% de las aportaciones públicas-, descartando la idea inicialmente planteada de cobrar por entrada.