Una condena "inaudita"
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) consideran "inaudita, desmesurada y asombrosa" la sentencia de un juez de Madrid que ha condenado a penas de prisión a dos directivos de la cadena SER.La FAPE y la APM señalan en un comunicado que "la confusión que emana sobre lo que son o no son medios informativos", (considera como tales la prensa, la televisión y la radio, pero no Internet) "o sobre el concepto de revelación de secreto, es inquietante".
La FAPE y la APM apelan a las autoridades judiciales para que se revise esta sentencia con la máxima celeridad "para evitar los efectos disuasorios que sentencias de este tipo imponen al trabajo de los periodistas".
También indican que la actuación del autor de esta "inusual pieza jurídica" debe ser sometida a análisis de los órganos judiciales superiores.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), por su parte, lamentó profundamente la decisión "desproporcionada en relación a la falta considerada" del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, y expresa su preocupación al poner en grave riesgo el derecho a la información así como por el criterio aplicado sobre la publicación de noticias en los medios de comunicación en la Red".
La sentencia condena al director de la SER, Daniel Anido, y al director de Informativos, Rodolfo Irago, a un año y nueve meses de prisión y a las penas accesorias de inhabilitación para dirigir medios de comunicación y ejercer el periodismo, por "revelación de secretos" al difundir por internet en junio de 2003 una lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP de Madrid.
El titular del Juzgado de lo Penal número 16 Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, impone, también, a los dos periodistas una multa de 100 euros diarios durante seis meses, así como el pago de una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los denunciantes.
"Las organizaciones profesionales de periodistas", añade, "manifestamos que sentencias de este tipo conspiran contra la libertad y contra el derecho a saber de los ciudadanos y debilitan el Estado de Derecho y el prestigio de las instituciones".