En tiempo de elecciones, las cadenas privadas tendrán que hacer sus informativos con una calculadora sobre la mesa y un cronómetro en la mano. Las noticias sobre los partidos que se presentan a los comicios estarán condicionadas por la representatividad, atendiendo "preferentemente" a los resultados que cosecharon en la anterior cita con las urnas. Así lo establece la Junta Electoral Central, para que se aplique desde las locales del próximo mes de mayo.
La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que entró en vigor a finales de enero, ya extendió a las cadenas privadas los criterios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad que ya se venían exigiendo a las públicas en cuanto a informativos, entrevistas y debates.
Su base legal es que las televisiones privadas explotan una licencia de servicio público.
En una instrucción dada a conocer este viernes, la Junta Electoral detalla lo que implica aplicar estos criterios. En su texto, explica que durante los periodos electorales (entre la convocatoria de unos comicios y su celebración), las cadenas privadas también tendrán que informar de la campaña electoral de los partidos en función de los resultados que estos cosecharon en los anteriores comicios y que, si alguna emite un cara a cara entre los dos principales líderes, deberá dar después un debate con todos los candidatos en liza.
En la práctica, obliga a dar más tiempo a quien tiene mayor presencia parlamentaria y menos a quien tuvo menos cuatro años antes, un principio que los colectivos de profesionales de la información han cuestionado exigiendo incluso al Defensor del Pueblo que lleve al Tribunal Constitucional este artículo de la reforma electoral.
En cualquier caso, el organismo arbitral admite que el respeto por la proporcionalidad no impide proporcionar también información sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones, aunque "éstas últimas candidaturas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones".
La Junta Electoral había distribuido a los partidos políticos un borrador de esta instrucción para que presentaran alegaciones, pero sólo UPyD entró a discutir el fondo del asunto pidiendo que no pusieran límites que contraviniesen la libertad de expresión y el derecho a informar.