Pablo Iglesias defiende que el Gobierno controle los medios de comunicación

Pablo Iglesias micrófonosmediaset.es

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El eurodiputado y líder de Podemos, Pablo Iglesias, es partidario de establecer mecanismos de control público para regular a los medios de comunicación, o por lo menos a "una parte", y garantizar así "la libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o la voluntad de partidos políticos". Así se desprende del libro Conversación con Pablo Iglesias, en el que el periodista Jacobo Rivero plasma una conversación con el líder de Podemos tras las elecciones europeas del 25 de mayo, en las que las formación dio la sorpresa al obtener cinco escaños en el Parlamento europeo.
"¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos? La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación?", asegura en el texto.
Según Iglesias, dicha regulación no significa que todos los medios deban estar bajo el control del Gobierno, sino que se garantice mediante la regulación del sector de la comunicación la independencia y la veracidad de los medios.
"¿Eso quiere decir que todos los medios tengan que estar bajo el control del Gobierno? Claro que no, eso quiere decir que los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público. Y lo público no tiene que ser necesariamente institucional, en el sentido de ser corriente de transmisión de las estructuras que gestionan la administración", argumenta.
En este sentido, al ser preguntado sobre la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador aprobada por el Gobierno de Rafael Correa -bautizada por los opositores como "ley mordaza"- y sobre si él sería partidario de una regulación de la comunicación desde el poder público, Iglesias es contundente: "Absolutamente. Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho", sentencia.
Asimismo, defiende que "la gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y de su voluntad por permitir la libertad de expresión".
A su juicio, "no puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios" y que haya una "voluntad política" de desprestigiar la información pública.
A este respecto, asegura que es un "mito" que los medios de comunicación privados ofrezcan productos de mayor calidad o de más éxito, y señala que "el problema de la privatización de los medios es que la lógica de funcionamiento es el beneficio, no el interés social ni la calidad ni la utilidad social".