CiU respalda el desbloqueo de RTVE impulsado por el PP

Leopoldo González Echeniquemediaset.es

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El PP ha logrado el apoyo expreso de CiU (193 votos a favor, 122 en contra) en el debate de convalidación del decreto ley de modificación del régimen de administración de la corporación de RTVE, celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados. Precisamente fueron los nacionalistas catalanes quienes apoyaron al Gobierno socialista en la anterior legislatura cuando se transformó el modelo audiovisual y se creó la corporación de RTVE, ley que ahora se retoca a instancias del Gobierno del PP.
Aunque la portavoz de CiU en la materia, Monsterrat Surroca, ha discrepado con la forma con la que el PP apuesta por desbloquear el ente público, a través de este decreto, sí comparte el fondo de la propuesta, al ir en la línea de las enmiendas que los nacionalistas catalanes presentaron en la tramitación de la Ley de RTVE, así como en la reforma impulsada por el Gobierno catalán en el ámbito audiovisual, "donde se buscó el máximo consenso".
"Consideramos inadmisible el bloqueo institucional al que se ha visto abocada RTVE por la incapacidad de los partidos mayoritarios. Actualmente se encuentra paralizada e inmersa en una situación de incertidumbre y la profesionalización de sus trabajadores no debe repercutir al servicio público de la televisión", ha defendido Surroca.
Mientras, el portavoz popular en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Ramón Moreno, ha criticado a aquellos que dicen que la decisión de nombrar un presidente para el ente "no es urgente", ante la imposibilidad de aprobar las cuentas anuales de la pública.
Así, ha coincidido con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, en que el PSOE ha mentido al señalar que no existe una "necesidad imperiosa" por renovar RTVE, a pesar de que, por ejemplo, el ente no pueda jurídicamente sacar adelante sus cuentas sin un presidente del Consejo de Administración.
En este sentido, el propio Soria ha insistido varias veces durante su intervención en que la voluntad del Gobierno es "consensuar" un presidente para RTVE con la oposición, además de defender que el objetivo final es desbloquear esta situación institucional.
Su homólogo socialista, Juan Luis Gordo, ha mantenido por su parte un rifirrafe con el ministro, al que le ha tachado de "pirómano" por querer incendiar a la corporación con este decreto ley, al mismo tiempo que le ha avisado de que negociar un jefe para la pública "no es imponer" un nombre.
De hecho, el socialista ha insistido en que el único objetivo que mantiene el PP con esta medida es una "televisión pública de partido" como la que ya emite en comunidades gobernadas por los populares, como es el caso de Valencia y Canal 9, o la Comunidad de Madrid y Telemadrid.
Ante esta lucha entre populares y socialistas, la portavoz de UPyD en la materia, Irene Lozano, ha advertido a ambos partidos de que se acusan mutuamente de la falta de pluralidad de la televisión pública cuando realmente: "Los dos son culpables", ha subrayado.
A su juicio, resulta "ridículo" que ambos partidos discutan públicamente sobre a quién deben pertenecer las televisiones sin caer en la cuenta de que a quien realmente pertenecen es a los ciudadanos. Por ello, ha justificado su voto en contra a este decreto ley.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu no quería dar vía libre a este decreto que, según ha alertado, obligará a la radio y la televisión públicas a trabajar al dictado del partido político que se encuentre al mando del Ejecutivo. Eso sí, se ha mostrado favorable a la reducción del número de miembros del Consejo de Administración y con el cese de una retribución fija para todos ellos.
Este decreto ley fue aprobado el viernes 20 de abril por el Consejo de Ministros y se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.
En concreto, esta medida permite elegir al presidente y renovar a los miembros del Consejo de la corporación por mayoría absoluta, una medida que, según la memoria económica que acompaña a dicho decreto, supondrá un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales, según los cálculos del propio Ejecutivo.
Además, aprueba la supresión de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de tener 12 miembros a nueve, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.
Desde primera hora de este jueves, a la puerta del Congreso de los Diputados, un grupo de delegados de CC.OO. de RTVE, vestidos con camisetas naranjas, han portado una pancarta en defensa de un futuro independiente para la corporación, con motivo del debate de este decreto en la Cámara Baja.