Los padres tendrán la llave de la tele

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Todas las cadenas , incluidas las de pago, deberán utilizar, para la clasificación por edades, una codificación digital que permita el control de los padres. Ésta es una de las enmiendas aprobadas por la Comisión Constitucional del Senado al proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, presentada por el PP y aceptada por todos los grupos mediante una enmienda transaccional, relativa a la protección de los menores.
A lo largo de las votaciones de enmiendas en el seno de la Comisión, fue aprobada, con el voto en contra del PSOE, una enmienda de CiU mediante la cual se permite a las televisiones locales que puedan emitir en cadena.
El portavoz del PP, Pedro Agramunt, se quejó por las prisas en el trámite de este proyecto de Ley aunque agradeció a las portavoces socialistas su disposición a llegar a acuerdos "que no pudieron ser quizá porque la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha querido".
Los distintos grupos han decidido presentar el resto de sus enmiendas que no han prosperado (se tramitaron 432 en total) en esta Comisión Constitucional al Pleno del Senado que se celebrará la próxima semana.
Otra enmienda, en este caso presentada por el grupo popular y la Entesa Catalana del Progrés, al mismo artículo -el 7, relativo a los derechos del menor- prohíbe la emisión en abierto de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo de los niños. En particular, la enmienda exige que en estos programas y sobre todo aquellos que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita, el acceso condicional debe posibilitar el control parental.
Otra modificación aceptada por el grupo mayoritario es la relativa a este mismo artículo 7, que señala que los juegos de azar y apuestas sólo podrán emitirse entre la una y las cinco de la mañana, mientras que aquellos relacionados con el esoterismo y las paraciencias, entre las 22.00 y las 07.00. Este párrafo finaliza señalando que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad subsidiaria sobre los fraudes que se pueden producir a través de estos programas.
Todos los grupos han considerado conveniente sacar del horario infantil protegido estos espacios "que se aprovechan de creencias y supersticiones y que utilizan el esoterismo y las paraciencias de modo que el público pueda darles viso de realidad", según señala la enmienda de Entesa Catalana de Progrés, grupo del que partió esta propuesta.
Se trata de una medida que entraña desbaratar la parrilla de un gran número de cadenas existentes en España, sobre todo locales, que ahora mismo sustentan el grueso de su programación en programas de esta naturaleza.
En la sesión de hoy también prosperó otra enmienda de los nacionalistas catalanes que amplía a tres minutos por hora el tiempo máximo permitido a la telepromoción, que el proyecto salido del Congreso establecía en dos minutos.
En materia lingüística, salió adelante con un apoyo mayoritario que de la financiación a películas y series que deberán destinar las cadenas,el 60% irá a la producción en alguna de las lenguas oficiales de España, "debiendo contemplarse entre éstas una cuota relativa para la segunda lengua, acorde con el peso poblacional de cada comunidad".
En cuanto al contrato-programa que el Gobierno deberá suscribir con RTVE, se incluye la especificidad de "la organización y programación de La 2 que, en todo caso, dispondrá de un plan concreto para la creación del centro de producción de referencia en Sant Cugat".
Agramunt expuso el "profundo desacuerdo" de su grupo de que se cree un Consejo de lo Audiovisual cuando ya existe en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, y no crear así un nuevo órgano, con los gastos que ello conlleva.
Asimismo, dijo que sería "un organismo político", por lo que considera que "es muy peligroso". "Me huele más a Hugo Chávez que a democracias europeas", agregó.
La portavoz socialista, Emelina Fernández, recordó al senador popular que la creación de un Consejo Audiovisual es un mandato del Parlamento Europeo y que con este proyecto de ley se está transponiendo una directiva comunitaria, además de ser una promesa electoral del PSOE.
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