La televisión asturiana, amenazada de cierre por contratar ilegalmente

Viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallinamediaset.es

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El Gobierno del Principado de Asturias ha advertido este miércoles del posible cierre de la radio televisión pública autonómica por la existencia de "más de 40 demandas por cesión ilegal de trabajadores", de las que se han derivado "ocho o diez" sentencias que otorgan a trabajadores de empresas productoras subcontratadas el derecho a incorporarse a la plantilla del ente.
En una rueda de prensa en la que ha rechazado responder a preguntas sobre otros asuntos de actualidad, el viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, ha explicado que esta situación, susceptible de empeorar, se suma a "una deuda reconocida de 18,9 millones", "muy superior a las retenciones acordadas por el Gobierno del Principado", de 11,3 millones de euros, con lo que la situación económica es "inasumible".
De la Vallina ha asegurado que se trata de "dos situaciones gravísimas", que ha vinculado a "una nefasta gestión del ente y de sus sociedades" por parte de sus responsables, contra quienes el Gobierno estudia emprender acciones legales.
Por el momento, el portavoz del Ejecutivo ha señalado que desde el Principado se han dado instrucciones al actual director, Antonio Virgili, para que ponga fin a la situación que ha motivado las demandas por cesión ilegal de trabajadores, aunque ha advertido de que "el mal ya está hecho" y "el panorama es negro".
Así, ha alertado de que este "incumplimiento de la normativa laboral" podría derivar en "más de 200 demandas de aquí a un periodo no muy lejano", con las que "los trabajadores cedidos ilegalmente pueden pasar a serlo del ente de Comunicación".
A renglón seguido, ha criticado que el anterior responsable de la cadena, Juan José Guerenabarrena, "ocultase" la verdadera situación que atraviesa RTPA "incluso en la Comisión de Control del Ente Público de la Junta General del Principado", donde, además, ha asegurado que "negó la existencia de fraude alguno, reconociéndolo tan solo después de que la diputada Cristina Coto manifestase que tenía en su poder tres sentencias".
De la Vallina, que ha aportado las sentencias que se conocen y que son contrarias a la Radio y Televisión del Principado de Asturias por ilegalidad en la contratación de trabajadores, ha informado de que el Gobierno ha tenido conocimiento de esta situación recientemente, como consecuencia de la información ofrecida a los miembros del consejo de administración del Ente.
Por todo ello, ha concluido que "Guerenabarrena era necesariamente conocedor de las prácticas de cesión ilegal de trabajadores que se desarrollaban desde hacía años entre la TPA, salvo negligencia absoluta o grave en el ejercicio de sus funciones".
En las sentencias se destaca que trabajadores de subcontratas dependían exclusivamente de la empresa principal, sobre todo en lo relativo a disposición horaria. Además, De la Vallina ha incidido en que uno de los trabajadores cuya situación dio lugar al inicio de las actuaciones de la Inspección de Trabajo "llegó a formar parte de los servicios mínimos de la TPA durante la huelga de marzo de 2010".
La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón finaliza dando la razón a los trabajadores declarando que existe una cesión ilegal de trabajadores, que dará derecho a éstos a elegir en cuál de las dos empresas quieren adquirir la condición de empleados.
Por su parte, el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ratifica la anterior alude a "una maniobra de TPA para evitar la consolidación de un puesto de trabajo mediante los subterfugios de obligar primero a los trabajadores a constituir una sociedad y adscribirse después a una empresa que no pone nada en absoluto en la contratación que se dice mantener con TPA".
"Esta situación, generada por el anterior Gobierno y equipo directivo de la RTPA, ha de ser puesta en conocimiento de la opinión pública, con carácter previo a la campaña electoral, con el fin de dar a conocer las prácticas seguidas en materia de contratación dentro de la RTPA y de las que tan pronto ha tenido conocimiento el actual Gobierno ha dado instrucciones a fin de eliminar de modo radical las mismas", ha zanjado.