La dirección de Canal 9, a la calle si se desvía más del 10% del presupuesto

Paula Sánchez de Leónmediaset.es

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Los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y el director general podrán ser destituidos, mediante acuerdo de la Junta General, cuando se produzca una desviación igual o superior al 7% de la dotación otorgada por el Consell al ente o igual o más del 10% de todo el presupuesto, en el que se incluyen también los ingresos comerciales.
Así consta en el anteproyecto de ley de RTVV, presentado este viernes por la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, acompañada por la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo valenciano, órgano que ha dado luz verde a la nueva regulación.
La entidad RTVV y sus sociedades se transformarán en una única sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas, que se denominará Grupo Radiotelevisión Valenciana, S.A., a la que se le encomienda la gestión del servicio público de radio y televisión.
La vicepresidenta, preguntado por la cuantía del ahorro, ha dicho desconocer la cifra exacta, pero ha subrayado que reducir tres sociedades a una sola "va a suponer más eficiencia en la gestión y menor coste".
Inquirida por si supondrá despidos o amortizaciones, Sánchez de León ha respondido que "la nueva realidad del ente no tiene nada que ver" con ello, y ha indicado que la "reestructuración" de RTVV respecto al personal "corresponde a la dirección, que está trabajando" en ello. "Cuando se considere oportuno se dirá cómo se va a hacer o si se va a hacer", ha manifestado.
El Consejo de Administración, máximo responsable de gobierno y administración del grupo, se reducirá, de modo que, con la nueva normativa, frente a los 12 actuales, se compondrá de nueve consejeros, incluido el director general, a quien corresponde la alta dirección del grupo, su administración y representación ordinaria.
Las Cortes Valencianas elegirán a ocho consejeros, a propuesta de los grupos parlamentarios, por mayoría de tres quintos, y al director por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda votación. El mandato de todos ellos será de seis años renovable una sola vez por un periodo de tres años.
Asimismo, la ley establece que los consejeros deben ser personas "con cualificación, experiencia y méritos profesionales relevantes", presumiéndose estos requisitos en quienes han desempeñado durante al menos cinco años funciones en órganos de administración, alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de similar responsabilidad en entidades públicas o privadas. Además, se prevé la figura del secretario del Consejo de Administración, que asistirá a sus reuniones con voz y sin voto y que ha de estar en posesión de la licenciatura en Derecho.
El anteproyecto también incluye nuevos mecanismos de control presupuestario. En cuanto a la contratación, la ley asigna la decisión sobre los contratos de cuantía igual o superior a cinco millones al Consejo y hasta esta cantidad al director general.
La vicepresidenta del Consejo valenciano ha señalado que el anteproyecto de ley prevé la suscripción cada tres años de un contrato-programa entre el Consejo y el Grupo Radiotelevisión Valenciana, S.A. En él, se acordarán los objetivos específicos a desarrollar por el grupo en el ejercicio de "la función de servicio público", así como los objetivos y obligaciones concretas que debe cumplir la programación de los diferentes canales de radio, televisión y servicios conexos e interactivos.
El contrato-programa también preverá las aportaciones con cargo a los Presupuestos de la Generalitat destinadas "a la prestación del servicio público encomendado", los indicadores de gestión y eficiencia económica que permitan conocer el estado de la ejecución presupuestaria, los mecanismos de corrección de las "eventuales desviaciones" de la ejecución de los presupuestos y los efectos derivados de posibles incumplimientos, y los criterios para la obtención de los ingresos publicitarios.
Respecto al nuevo modelo de financiación, se establece un sistema mixto. La financiación privada estará basada fundamentalmente en la publicidad, mientras que la financiación pública no sostendrá actividades ajenas a la función de servicio público ni superará el coste neto del mismo.
Como ejemplos de actividad de servicio público se entiende programas informativos, de entretenimiento o de apoyo a la integración social de las minorías. Por el contrario, no se entienden como tal programas de tele-realidad, la actividad comercial y publicitaria o la prestación de servicios a terceros mediante la utilización de su red de infraestructuras.
El grupo no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos e impulsará la producción propia de su programación atendiendo a los recursos materiales y humanos de que disponga. Asimismo, la producción audiovisual y la programación deberán contribuir a la normalización de la lengua y cultura propias de la Comunitat Valenciana, ha explicado Paula Sánchez de León.
Por otro lado, la consejera ha recordado que el 1 de diciembre compareció ante la Comisión de Control de RTVV en las Cortes valencianas, donde adelantó algunos rasgos del nuevo anteproyecto de ley e instó a los grupos de la oposición a que le hicieran llegar alegaciones.
Por el momento, no ha recibido ninguna, aunque ha resaltado que si llega "alguna observación" para mejorar el modelo de la televisión pública se estudiará. "Hasta que la ley esté aprobada tenemos tiempo", ha indicado.