El Gobierno releva de "inmediato" al consejo de RTVE por decreto ley

Isabel-CelaáLa ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 22 de junio.

El PP recurrirá "ante todos los tribunales que sea posible" el acuerdo del Consejo de Ministros que da un plazo de un mes para elegir al presidente de la radiotelevisión estatal que sustituirá a José Antonio Sánchez.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley de vigencia "inmediata" para elegir a un nuevo presidente de RTVE en el plazo de un mes, coincidiendo con el final del mandato el actual máximo directivo de la Corporación, José Antonio Sánchez, el viernes 22 de junio.
Así lo ha dado a conocer la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha aclarado que los miembros del Gobierno han tratado este tema "ampliamente" durante la reunión.
Celaá ha detallado que el Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto de vigencia inmediata para la regulación transitoria provisional de RTVE, que supone el cese "inmediato" de todos los miembros del Consejo de Administración.
La ministra ha detallado que, en el plazo de 15 días naturales, las Cortes deberán elegir a los 10 nuevos consejeros que configuran el Consejo de Administración de RTVE -seis serán escogidos por el Congreso y cuatro por el Senado-. Además, ha señalado que los miembros del órgano deberán ser elegidos por dos tercios de la Cámara en primera votación, y por mayoría absoluta en segunda votación, a las 48 horas de la primera.
Según ha explicado Celaá, en los siguientes 15 días, el Congreso elegirá de entre ellos al presidente de la Corporación. "En un mes tendremos al presidente de RTVE nombrado y además a todo su Consejo de Administración", ha recalcado, para después añadir que este real decreto "refuerza y mantiene" los mandatos de la ley 5/2017, una ley que fue aprobada por la mayoría de la Cámara.
Preguntada sobre si el decreto ley incluye alguna cláusula para evitar el bloqueo del PP en el Senado -donde cuenta con mayoría absoluta-, Celaá ha confirmado que, en caso de que la Cámara Alta procediera a no seleccionar a los cuatro representantes que le corresponden, se atribuirían diez días más al Congreso y tendría que elegir a los consejeros.
"Si el Senado hubiera elegido a dos, el Congreso los respetaría y sumaría a sus seis otros dos más", ha destallado, al tiempo que ha advertido de que si hubiera un bloqueo general, la cláusula de cierre sería un administrador único provisional.
"Esta ley se llama también de recuperación de la independencia del ente y de pluralismo en la elección parlamentaria de los consejeros", ha afirmado Celaá, quien ha explicado que la norma "sigue su curso" y regula, en primer lugar, que hay que contar con un comité de expertos para poner en marcha el concurso publico de selección de las personas que configuran el Consejo de Administración, para poder elegir después al presidente.
En este sentido, la ministra ha argumentado que la ley tiene un "periodo largo de desarrollo" para culminarse y los medios de comunicación públicos españoles tienen un "problema de urgencia" porque todos los consejeros de RTVE tiene su mandato vencido, y el presidente también ha concluido su mandato.
Así, ha manifestado que el real decreto "viene a actuar ante un vacío de poder" y resuelve "un problema de urgencia", al tiempo que es "enteramente respetuoso con la ley en todos sus términos" ya que sus efectos cesarán en el momento en que el desarrollo de la ley "haya dado resultados". "La ley con su comité de expertos, con su concurso público, sigue su marcha", ha remachado.
"España merece tener unos medios públicos de comunicación que sean de confianza para la ciudadanía, que no estén al servicio de ninguna ideología por legítima que sea y que estén al servicio del interés general", ha subrayado la ministra, que ha asegurado que el Gobierno cuenta con "los apoyos necesarios" para convalidar el decreto ley en el Congreso de los Diputados.
Horas antes de la finalización del consejo de ministros, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba que existe "una mayoría" parlamentaria dispuesta a apoyar el decreto ley una vez que llegue al Congreso de los Diputados para ser convalidado por la Cámara.
"Sí hay apoyos", ha manifestado la portavoz socialista en la Cámara Baja, en una entrevista concedida a TVE.
En este sentido, la también número dos del PSOE ha señalado que hay una mayoría de diputados en la Cámara que "entiende que es necesario regenerar RTVE y que sea una televisión de calidad, donde se respete el trabajo de los profesionales y trasladen una información veraz".
Por su parte, la diputada y portavoz en el Congreso de Unidos Podemos, Irene Montero, ha explicado que el real decreto ley es "una vía excepcional para hacer las cosas", y ha defendido que PP y Ciudadanos "no han dejado otra opción" al Gobierno de Pedro Sánchez porque "le han hecho una verdadera cacicada, que es aprovechar la mayoría absoluta que tiene, en la Mesa del Congreso".
Finalmente, Montero entiende que "el Gobierno tenga que actuar". "Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han hablado para intentar garantizar que la Dirección de la RTVE es plural y representativa del Parlamento, por tanto, de lo que eligen los ciudadanos", ha concluido la portavoz de la formación morada en una entrevista concedida a RNE.
El portavoz del PP en el Cogreso, Rafael Hernando, ha anunciado que su formación recurrirá "ante todos los tribunales que sea posible", sin descartar el Tribunal Constitucional, el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Además, el dirigente popular avisa del riesgo de estar incurriendo en un delito de prevaricación.
En rueda de prensa en la Cámara, Hernando ha calificado de "deplorable" la decisión de Sánchez y ha apuntado que el interés de este Ejecutivo que "vive del show mediático" es "hacerse con una RTVE" a su servicio.
"No vamos a tolerar este decretazo y vamos a recurrirlo", ha asegurado el diputado, quien ha advertido al presidente que "está interfiriendo" en un proceso de concurso público, lo que es "ilícito e ilegal". "Tengo que decirle que se ande con ojo, porque la prevaricación es un delito y la adopción de resoluciones injustas y en contra de la ley también es un delito", ha señalado Hernando.