Valencia da el primer paso para privatizar Canal 9

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El PP ha aprobado en solitario la nueva ley del Estatuto de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que permite que determinadas franjas de programación puedan ser realizadas por la iniciativa privada. Así, la Generalitat sólo financiará contenidos que sean de servicio público, que será definido en un contrato-programa. Asimismo, la nueva norma permite elegir a las Corts por mayoría absoluta al director general del ente, y a su consejo de administración.
Los grupos de la oposición han lamentado la "falta de consenso" del PP para aprobar un nuevo modelo de RTVV, que se queda a la espera de la aprobación de un ERE que despedirá a 1.200 trabajadores, han criticado.
En este punto, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha asegurado que los populares "desprecian" a los trabajadores del ente público, que será liquidado sin que se conozca, ha apuntado, por qué se ha llegado a una deuda de 1.200 millones de euros. Asimismo, el Síndic de Compromís ha pedido que se eche primero a los "enchufados" y el socialista Josep Moreno ha advertido de que esta medida es una "puerta a la corrupción" porque servirá para justificar la externalización de servicios y "colocar a sus amigos".
Con la nueva ley de RTVV, el ente público se convierte en una sociedad mercantil con especial autonomía que sucede a las sociedades TVV y Radio Autonomía Valenciana, como consecuencia de su fusión. Entre sus novedades, se establece que la elección del director general y del consejo de administración puedan en segunda vuelta por la mayoría absoluta en la Cámara, que en estos momentos detenta el PP. Se trata de un método similar al establecido por los populares en TVE.
El Consejo de Administración se reduce de 12 a 9 miembros. Este punto también ha suscitado las críticas de los grupos minoritarios de la oposición porque supone dejar a una parte de la representación de la Cámara "fuera del Consejo de Administración".
Asimismo, se permite externalizar aquellas actividades audiovisuales que no son consideradas servicio público, que se definirá en un contrato-programa revisable cada tres años por las Corts y que incluirá los informativos, aquellos programas relacionados con la defensa y promoción del valenciano y de la cultura y señas de identidad valencianas, según indicó el Consell en su presentación. Dicho contrato-programa se deberá aprobar tres meses después de entrada en vigor de la ley.
En este punto, desde la oposición ha mostrado sus temores ante la posibilidad de que el Gobierno valenciano vaya a externalizar los servicios informativos, para los que piden "rigor".
En cuanto al valenciano, la ley establece que será de uso "preferente" en la nueva RTVV, lo que también ha levantado las críticas de la oposición porque consideran que se verá relegado. En el inicio del debate de esta ley, los grupos de la oposición reclamaron una televisión íntegramente en valenciano. En esta línea, Marga Sanz ha lamentado que el nuevo modelo de televisión "no busca la vertebración del territorio".
PSPV, Compromís y EUPV también han coincidido en la "falta de consenso" del PP a la hora de tramitar una ley. A lo largo del proceso, el PP ha rechazado todas las enmiendas de la oposición, salvo cerca de una decena -de más de dos centenares- en el debate de comisión.
El proceso para dar luz verde a esta nueva norma que regirá RTVV ha evidenciado, según ha apuntado el portavoz socialista Josep Moreno, que en el PP "están solos, con la necesidad de sobrevivir al tsumani de corrupción que les asola". En esta línea, el Síndic de Compromís ha recordado que la ley anterior fue aprobada por consenso y se ha dirigido al Consell para reprocharle que "un gobierno responsable no aprobaría unilateralmente este proyecto de ley sólo con los votos del PP".
Frente a estas críticas, la popular Alicia de Miguel ha asegurado que esta nueva ley es un "avance extraordinario para RTVV, más independiente, más plural y más profesionalizada".
De Miguel ha afirmado también que no se ha podido llegar a un acuerdo porque desde la oposición "no han querido", ya que las circunstancias políticas han hecho que el PSPV "no haya querido porque no ha podido". "En otro momento político, la ley es perfectamente consensuable" pero "hay intereses políticos" de la oposición que, a su juicio, "ha querido visualizar una posición de tripartito". "No consensuan -ha seguido- porque no quieren y porque no les interesa políticamente".