El juez del 'caso Cursach' defiende la entrega "voluntaria" de los móviles de los periodistas

El juez que instruye el caso Cursach, Miguel Florit, ha denegado la personación en la causa de revelación de secretos a Europa Press y el Diario de Mallorca, así como se lo ha denegado a los periodistas a los que se incautaron teléfonos móviles y ordenadores -Blanca Pou y Francisco Mestre-, al tiempo que ha asegurado que la entrega de todo este material a la Policía se hizo de forma "voluntaria" y "sin protesta alguna" por parte de los afectados.

Además, reconoce que él mismo, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la que ordenaba la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas.

En un auto, el juez asegura que los periodistas "acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar protesta alguna".

Es más, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma asegura que en las diligencias practicadas en la pieza abierta por revelación de secretos "no se ha producido ningún decomiso", sino que lo que ocurrió fue una "intervención de efectos o instrumentos relacionados con el delito, efectos que se hallaban en poder de terceros (los periodistas) que no son investigados en la causa".

En este sentido, insiste en que, al no ser ni los periodistas afectados por el delito que aquí se investiga, ni responsables civiles y no consta que ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento".

Contra este auto cabe tanto recurso de reforma ante el propio Juzgado como de apelación ante la Audiencia Provincial.

En el caso de Europa Press, el pasado día 11 de diciembre tres agentes de la Policía Nacional y una funcionaria judicial se presentaron en la sede de la Delegación de Baleares, en Palma de Mallorca, con una orden judicial y tras pedir a la delegada que abandonara su propio despacho, se quedaron con la periodista Blanca Pou, encargada de la información de tribunales, quien ha seguido durante meses el conocido como caso Cursach.

Los policías exigieron a la periodista toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel.

Por tanto, Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.

Los periodistas han reclamado al juzgado que se les informe por escrito sobre "el lugar o lugares" donde han estado los dispositivos, "las personas que han tenido acceso a los mismos" y sobre la "realización o no" de cualquier "apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación" de los mismos.

Asimismo, piden que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.

Europa Press y Diario de Mallorca, junto a los dos periodistas afectados, han presentado una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra Florit.

La querella considera que el auto de Florit constituye "un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia" y que se ha producido una conculcación del secreto profesional del periodista "disparatada e insólita".