Tatxo Benet compra la escultura de Juan Carlos I sodomizado

Obra de Ines Doujak y John Barker, en la exposición 'La bestia y el soberano', del Macba.Obra de Ines Doujak y John Barker en la exposición 'La bestia y el soberano', del Macba.

El socio de Jaume Roures en Mediapro se dispone a crear una colección de arte censurado, tras la adquisición de la instalación fotográfica 'Presos políticos' retirada de la feria ARCO y la obra de la exposición de 2015 'La bestia y el soberano' en el Macba.

El empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet ha comprado la escultura sobre el rey Juan Carlos I que desató la polémica en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) y que provocó la dimisión del entonces director, Bartomeu Marí, y el cese de los comisarios Paul B. Preciado y Valentín Roma.
El socio y empresario de Mediapro Tatxo Benet.
Benet ha comprado la polémica obra de la exposición de 2015 La bestia y el soberano para empezar a crear una importante colección de arte censurado, según ha informado La Vanguardia.
Después del revuelo causado por la cancelación inicial de la exposición del Macba, la obra Haute couture 04 transport -de la austríaca Ines Doujak y el británico John Barker- finalmente se pudo ver en público.
La pieza escultórica, que Marí consideró "ofensiva" y contraria a la línea del museo, exponía una escena sexual del rey, una líder feminista boliviana y un pastor alemán que se sodomizan, mientras él vomita aciano en una cama de cascos de las SS.
La exposición, que viajó después al museo Württemberg Kunstverein de Stuttgart, pretendía explorar cómo las prácticas artísticas contemporáneas cuestionan y deshacen la definición occidental y metafísica de la soberanía política, a través de obras de los artistas internacionales más relevantes de los últimos 15 años.
Previamente, después de la censura de la instalación fotográfica de Santiago Sierra Presos políticos en la feria ARCO, Benet compró la pieza y posteriormente la llevó al Museu de Lleida, de donde es originario, y ahora se exhibe en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
El día después de confirmarse la venta de la obra retirada a petición de Ifema, Benet reveló que había recibido "bastantes mensajes de galerías y salas de exposición" para mostrar la pieza, que también itinerará a Madrid y otras ciudades.
El anuncio de la compra de la escultura se produjo horas antes de que la Policía Nacional registrara dependencias de la Generalitat de Cataluña y de una filial de la empresa Mediapro en el marco de una investigación sobre el censo utilizado en el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
En declaraciones a RAC1, Benet ha asegurado que el registro en una división de la productora, concretamente en el servidor de Mediacloud, se ha realizado durante una hora.
Según este directivo, la Policía buscaba "datos de la Administració Oberta de Catalunya" que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada.
Tatxo Benet ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: "El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner".
El pasado mes de febrero, otro informe de la Guardia Civil situó al empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado la hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.
Mediapro consideró "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento" que la producción de un documental sobre el referéndum del 1-O pudiera considerarse por la Guardia Civil una prueba delictiva. Mediapro fue la empresa que se encargó de habilitar el centro de prensa para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.